Jorge Alejandro Medellín
El mensaje es por demás críptico y por demás inquietante. Militares en activo y recientemente retirados ven al país acercarse al precipicio, guiado por una errática, limitada y desgastada visión de Estado y de lo que debe ser una nación viable en todos los sentidos posibles.
En esa lógica de corto plazo no caben el planeamiento ni la mirada estratégica o al menos la asesoría y no de interferencias, las diferencias de opinión o de las confrontaciones y mucho menos las dudas y la desconfianza entre instituciones en materia de inteligencia y operatividad.
A eso se han enfrentado militares y navales en la lucha contra los cárteles de la droga en todo el país, especialmente en Tamaulipas, en donde la acción del Ejército y la Marina se ha topado invariablemente con murallas de colusión entre cuerpos policiacos y el crimen organizado en conjunción con un aparato judicial y de administración estatal fracturado por los cuatro costados, doblegado por los cárteles del Golfo, por los Zetas, por la Empresa y ahora por sicarios de La Familia Michoacana que buscan posicionarse en la entidad.
Tamaulipas parece haber tocado fondo. Está desarticulada, fragmentada en sus 43 municipios. Unos, los de Tampico hacia la frontera con Texas, copados, dominados y asolados por los cárteles del Golfo y los Zetas.
Los otros, al sur, hacia el norte de Veracruz, viven una tensa calma, en una democracia y un estado de derecho formal, acotado por las amenazas, la intimidación, las extorsiones. En una palabra, por la ingobernabilidad que se ha extendido calladamente al corazón de uno de los objetivos de la seguridad nacional: las instalaciones estratégicas de Pemex en Tamaulipas, sometidas por los Zetas mediante secuestros selectivos de personal que han derivado en enfrentamientos armados con militares y policías.
Es muy poco o casi nulo el espacio formal en el que puede moverse el gobernador priista Eugenio Hernández para gobernar en los hechos y garantizarle a los tamaulipecos una mínima paz y tranquilidad. Gris y maniatado para mandar en su estado durante cinco años y medio, Hernández Flores fue un simple testigo de la acelerada descomposición en la entidad a fuerza de balas, de disputas y constantes desencuentros con el gobierno federal para alcanzar acuerdos y la mínima credibilidad y fortaleza ante el narco.
Con sus policías sometidos –por las buenas o por las malas– a las órdenes de Zetas, Golfos, y otros grupos, y sus jueces, magistrados y ministerios públicos bajo amenaza de muerte o coaccionados por sicarios y operadores, el esquema de impartición de justicia y de combate al delito acabó paralizado.
Con ello la confianza y los vasos comunicantes que debieron unir a sus corporaciones con los militares, los navales y los federales se vino abajo en meses.
Raymundo ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, me dice telefónicamente que este quiebre gradual y agudo entre instituciones federales y estatales puede explicarse con el simple análisis de tres ejes contundentes: la falta de cooperación entre policías tamaulipecos y fuerzas federales; la descoordinación que impera entre ellos como resultado de objetivos distintos y hasta contrarios, y la enorme desconfianza que al final marca la presencia de tropas y agentes en ese estado.
Con semejante panorama cualquier estrategia militar para hacerle frente a los cárteles de la droga es una mascarada.
Los militares siguen enfrentándose a enemigos en tres o cuatro frentes, integrados por el narco, por instituciones corruptas y desgastadas, por amplios grupos civiles al servicio del crimen organizado como informantes, por un aparato judicial torpedeado por los cárteles y por la ineficacia y parálisis del gobierno estatal que se suma a la misma parálisis o complacencia de otras administraciones en Tamaulipas.
A esto hay que sumar la poco efectiva labor de inteligencia naval y militar, su escasa profundidad para desarticular a las células del narco dentro y fuera de la entidad y su constante recomposición y readecucación en busca de nuevas formas para enfrentar a un enemigo más avanzado, mejor organizado y dominador amplio del terreno, del teatro de operaciones.
Este panorama tiene al alto mando militar y naval en la crispación, en la desgastante y repetitiva dinámica de reuniones emergencia o ya agendadas para ver, revisar, analizar, plantear y acordar una vez más la estrategia y las líneas a seguir para enfrentar al narco en todas sus formas y expresiones, pero con poco éxito real.
Los rostros de los secretarios de Marina, de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública Federal y de grisáceo procurador General de la República lo dijeron todo (y más) durante el mensaje del presidente Felipe Calderón sobre el asesinato del candidato priista Rodolfo Torre.
De poco han servido los más de 8 mil soldados y 900 marinos apostados en Tamaulipas desde 2007 para proteger zonas estratégicas, resguardar la frontera con los Estados Unidos y garantizar la tranquilidad de los habitantes de la entidad.
La estrategia se evaporó. La crispación de las instituciones es ostensible. Los rostros que muestran desolación no mienten. ¿Qué sigue?, ¿quién sigue?
LA EXTRAÑA RELACIÓN DE ACOSTA CHAPARRO Y FERNÁNDEZ DE CEVALLOS
Los medios casi no han abordado el asunto, pero podría ser una pista de primerísima importancia. Mientras continúan en el total hermetismo las negociaciones para liberar a Diego Fernández de Cevallos con vida, el general Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite continúa su recuperación fuera del Hospital Central Militar.
El militar abandonó hace 15 días el Hospital Central Militar para convalecer en otro punto de la capital por las heridas que sufrió la tarde del 19 de mayo, cuando un hombre le disparó en tres o cuatro ocasiones para supuestamente robarle un Rolex.
Aquí lo verdaderamente interesante: horas antes, el militar en retiro había sido contactado por lo hijos de Fernández de Cevallos para que los apoyara en la búsqueda de su padre, plagiado adentro de su propio rancho, a unos cuantos metros de la puerta de su casa en Querétaro.
Hasta el momento el general Acosta no ha declarado ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Se dice que el polémico general, acusado en el sexenio de Vicente Fox de nexos con el narcotráfico y de eliminar a guerrilleros y activistas durante la guerra sucia en los años setentas, ya rastrea por su cuenta, con el apoyo de muchos amigos de armas, al agresor y a sus jefes.
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