BIENESTAR PARA EL SIGLO XXI

 

BIENESTAR PARA EL SIGLO XXI

PABLO BUSTINDUY

 Dos personas caminan por el Parque Cotolino, en Castro Urdiales

 (Cantabria). EUROPA PRESS/C. Ortiz

Allá por el año 1984, un reputado periodista hacía balance de los primeros años del gobierno socialista. Sería un error considerable de la izquierda, decía en su análisis Pedro Altares, "confundir la reforma de la sociedad con la mera modernización y el mejor engrase de una máquina a la que no se añade ni una sola pieza nueva". La frase es igual de punzante, igual de poderosa, 30 años después. Porque ese es el objetivo por el que debe medirse siempre un gobierno de aspiración progresista: ser capaces de dar forma a esas piezas nuevas que cambien el curso de las cosas, ser capaces de desplegar una agenda de verdadera transformación social. 

Poco después de cumplirse un año de legislatura, creo firmemente que este 2024 no pasará a la historia política del país por el ruido y la furia parlamentaria, ni por las soflamas incendiarias, ni por los seriales exagerados que llenan las portadas y las horas de tertulia. Este año referirá siempre al dolor sufrido por Valencia y sentido en el país entero, y a las responsabilidades políticas que se harán inapelables con el tiempo. 2024 referirá también a la Constitución, esta vez no como icono ni como arma arrojadiza, sino porque se logró por fin algo que parecía imposible: la reforma social del texto constitucional.

No es una cuestión simbólica, por mucho que los símbolos importen. El cambio del artículo 49, que consagra el derecho a la autonomía de las personas con discapacidad, es una conquista de la movilización social y un mandato que ahora debe traducirse en políticas públicas, como vamos a hacer con la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia, lista ya para su tramitación. Es también un recordatorio, un reforzamiento de la función social del Estado -España como un Estado social y democrático de Derecho-, tantas veces postergada, tantas veces orillada en las reflexiones y planteamientos sobre los déficits y contradicciones que afectan a la Constitución de 1978 y a la construcción histórica del Estado.

Es ahí, en la profundización del Estado social, en la construcción de un Estado del bienestar para el siglo XXI, donde adquiere sentido la pregunta sobre las piezas nuevas que este Gobierno debe aportar para la mejora de la vida en el país. A nadie se le escapan las complejidades que rodean esta tarea: parlamentarias, políticas, continentales, globales. La rotundidad y la valía de la acción política está siempre determinada por el contexto en el que se produce, es evidente. Pero también lo es que una acción política valiente es la que transforma ese contexto, lo desplaza, lo mejora, abre posibilidades donde no las había.

Intervenir el mercado de la vivienda, reducir las desigualdades, hacer un reparto más justo y democrático del tiempo y de la riqueza, mejorar la red de protección social. No son principios abstractos: es topar los alquileres, prohibir la compra especulativa de vivienda en zonas tensionadas, perseguir modelos de negocio fraudulentos como el de los pisos turísticos ilegales. Es una prestación universal por crianza, una fiscalidad más progresiva, con impuestos mayores para multinacionales y grandes fortunas. Es reducir la jornada laboral sin reducir el sueldo, ampliar los permisos por nacimiento, remunerar los permisos parentales. Es un nuevo modelo para el sistema de dependencia, con más recursos, mejores prestaciones y condiciones más dignas de trabajo. Son los objetivos que defendimos en las elecciones del año pasado y los que guían nuestra acción política cada día en la coalición de Gobierno. Son las prioridades que defenderemos en la negociación de los presupuestos. También serán la medida de nuestros logros y fracasos.

A nadie se le escapa que en este año difícil los ritmos han sido más lentos de lo deseable. Eso acrecienta la importancia del futuro inmediato: aprobar unos presupuestos que aterricen esos objetivos en una mejora inmediata de las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras en España. Pero eso también pone en valor lo que se ha conseguido a pesar de todas las dificultades. Este año el SMI ha aumentado un 5%, las pensiones han aumentado un 3,8%, las prestaciones no contributivas un 6,9%, ha mejorado la cobertura de las rentas mínimas, se ha reducido la desigualdad y la brecha salarial de género. España ha adoptado una regulación pionera para las empleadas del hogar; también un sistema de Tarjetas Monedero para dignificar la provisión de asistencia material básica del que participan ya más de 55.000 familias, que hacen la compra en el supermercado con normalidad en vez de una cola para recibir una bolsa de alimentos. 

Hemos aprobado una estrategia dotada de 1.300 millones para transformar el sistema de la dependencia y que la gente pueda permanecer más tiempo en su casa, con mejores apoyos y más servicios de proximidad en lugar de grandes residencias. Hemos aprobado la reforma del artículo 49, la ley ELA o la primera parte de la reforma fiscal que necesita el país, y en breve confío en que sucederá lo mismo con la ley de Familias y las leyes de Discapacidad y Dependencia. Hace una semana, adoptamos sanciones por valor de 179 millones de euros a cinco aerolíneas de bajo coste por prácticas abusivas como el cobro del equipaje de mano o la selección de asientos contiguos a niños y personas en situación de dependencia. Con ese mismo empeño -que ningún actor económico, por grande o poderoso que sea, pueda hacer de la vulneración de derechos un modelo de negocio- estamos investigando prácticas abusivas en sectores como la vivienda, la alimentación o el comercio electrónico. 

Cito solo alguno de los pasos que hemos dado por esas dos razones: porque son valiosos y también porque son insuficientes. Porque las piezas nuevas que necesita este país están aún por venir y requerirán de iniciativa política, sí, pero también de fuerza social, presión y empuje suficiente para que no se vean minorados u obstruidos por el camino. Porque lo que está en disputa no es la estabilidad del Gobierno ni el interés de un actor político u otro. Porque la construcción del Estado social, de ese horizonte de prosperidad compartida, libertad y justicia social, es la única alternativa al mundo violento, desigual e injusto que crece por momentos y nos rodea como una amenaza. Creo que hay razones de sobra para dar esta pelea. También para ganarla.